7. Ley 30: la UdeA planea sus proyectos con dinero que no tiene
La Universidad tiene un desfinanciamiento estructural de 348.094 millones de pesos, acumulado entre 2010 y 2023, según la Vicerrectoría Administrativa, producto de un cálculo erróneo del presupuesto anual. Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 regulan el aporte del Gobierno para el funcionamiento de la Universidad. Pese a los límites de presupuesto, la administración universitaria se ha impuesto unas metas de crecimiento que no son financiables con los recursos aportados por el Estado.
El presupuesto anual que recibe la institución por parte de los gobiernos nacional y departamental, también denominado Fondos generales, corresponde al 44 % del presupuesto total de la Universidad. Este porcentaje es el dinero estable con el que la universidad puede planear su operación anual. El 56 % restante es un valor variable e incierto que depende de la gestión de recursos por parte de la UdeA. De esta última cifra, el 6 % corresponde a recursos de estampilla; esto es, dinero que se recibe por los impuestos de la Fábrica de Licores y por los movimientos mobiliarios. El 50 % restante ingresa por Fondos especiales, relacionados con la venta de bienes y servicios, las consultorías y las contrataciones que las dependencias logran gestionar cada año. Es decir, la Universidad no cuenta con un cálculo fijo de ese 56 % del presupuesto total, pero planea y ejecuta proyectos pronosticando estimados y asumiendo este ingreso como un una entrada fija.
El desfinanciamiento estructural de 348.094 millones de pesos tiene múltiples causas: el cálculo de las transferencias anuales por parte del gobierno con base en el IPC; la mala práctica de incurrir en préstamos de diversas procedencias, que tienen como consecuencia altísimos pagos por concepto de intereses anuales; el aumento de cobertura; las múltiples inversiones en infraestructura física; la apertura de sedes y seccionales sin una planeación pertinente; la falta de control en el crecimiento de los costos y los gastos; el Decreto 1279 de 2002, que regula el salario del profesorado; la falta de planeación y las malas decisiones administrativas, entre otros factores.
Las rectorías de los últimos 14 años no han tomado decisiones coherentes con el presupuesto fijo que ingresa a la Institución. En pocas palabras, gastamos más de lo que ganamos.
Como lo indica un informe del 21 de agosto de 2024 de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (CAAF), ya en 2013 el déficit de la Universidad era de 18.473 millones de pesos. En ese momento no se registran recomendaciones o acciones por parte del Comité de Austeridad de la institución. Para 2016, tres años después, el déficit era casi seis veces mayor, de 100.085 millones de pesos. De nuevo, no se evidenciaron pronunciamientos, estudios, recomendaciones o directrices de la Comisión de Austeridad ni de la Vicerrectoría Administrativa, pese a algunas alertas de la Oficina de Control Interno.
En 2019 el desfinanciamiento se duplicó a 202.296 millones de pesos y hoy asciende a los 348.094 millones.
Fuente: Informe financiero a julio de 2024, CAAF. Ver el informe completo aquí.
Es clave entender que ese desfinanciamiento estructural NO es un valor que los gobiernos nacional y departamental le deban a la UdeA. Es ilógico pensar que se le vaya a reconocer ese dinero a la Universidad, pues cualquier cambio que se haga a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 no tendría efectos retroactivos.
Para tratar de corregir este déficit el gobierno nacional ha asignado recursos adicionales tanto a la base presupuestal como para proyectos específicos, sin embargo, nunca son suficientes, sobre todo cuando los señores administradores del Alma Máter asumen el modus operandi de planear y gastar por encima de las posibilidades económicas reales de la institución.
